Nuevo regimen legal para el personal de casas particulares. Un paso más en la ampliacion de derechos. Un sueño hecho realidad

Nuevo regimen legal para el personal de casas particulares. Un paso más en la ampliacion de derechos. Un sueño hecho realidad

cacerola_thumbHistóricamente el servicio doméstico ha cargado, sobre las espaldas de sus trabajadores, con el estigma de la reminiscencia del trabajo esclavo, lamentablemente Argentina no ha escapado a esa estigmatización, tanto es así que hasta 1946 los avisos clasificados publicados en los periódicos locales requerían de “sirvientas” en los pedidos de empleo doméstico, y solo tras la enérgica intervención de Eva Perón se obligó a los medios periodísticos a utilizar en su remplazo la expresión “auxiliares de casas particulares”. Cabe aclarar que la utilización reiterada del femenino, en esta reseña, no obedece a una postura sexista o machista, sino que refleja la realidad de que más del 90% del personal auxiliar de casas particulares, fue y continua siendo femenino (la última estadística del Ministerio de Trabajo del año 2012 grafica que sobre los más de 803.000 empleados de casas particulares, el 98,5% eran mujeres, -representando casi el 14% de la mano de obra asalariada femenina del país -).-

El servicio doméstico se ha caracterizado por un paupérrimo nivel remunerativo, elevada precariedad e informalidad laboral, y la flexibilidad más absoluta tanto en materia de días y horarios de trabajo, como de tareas asignadas (que hasta llegaba a incluir, en ciertos casos, la servidumbre sexual). La descalificación personal, social y moral de las trabajadoras, habitualmente tildadas de ignorantes, incultas, lascivas, incapaces, torpes, mas toda una amplia y variada gama de adjetivaciones peyorativas (que incluían hasta la “presunción de culpabilidad” en caso de que hubiere algún objeto o dinero faltante en el hogar, ámbito de sus tareas), fueron impuestas como una suerte de sentido común predominante, con el objetivo de justificar la relación de sometimiento y explotación que vinculaba a las partes, no solo internalizado en la visión de “la patrona” o “el patrón”, sino también, en muchos casos, en la propia persona de la trabajadora sometida. El estigma discriminatorio se completaba con la asimilación de las “sirvientas” y “mucamas” con lo que el lenguaje antipopular, clasista, racista y sexista de la época denominó “cabecitas negra”, categoría inscripta en la diferencia de color, las atribuciones étnicas y el prejuicio cultural, despectivamente impuesta por la clase dominante.

Como en los antecedentes de la esclavitud y las servidumbres personales, la cosificación del otro era el rasgo saliente del vínculo, la “sirvienta” no era concebida como un sujeto de derecho, con sus atributos de libertad, discernimiento, integridad y dignidad humana, al contrario, era considerada un enser más de la casa, y, si el trato se hacía amable, familiar, y en muchos casos hasta afectivo, también en estos casos la “patrona” sacaba ventaja manipuladora del “buen trato”, como si la dispensa de un trato digno, en lugar de ser una obligación, fuera una concesión graciosa otorgada por la patronal.-

Otra característica relevante del empleo doméstico fue su escaso grado de sindicalización, el trabajo individual en casas particulares, la imposibilidad práctica de tomar medidas de fuerza, y la autodegradación personal derivada del sometimiento, conspiraban contra la conciencia gremial. En argentina el primer gremio fue fundado en 1901, impulsado por sectores socialistas, quienes permanecieron en la dirección del mismo hasta entrados los años cuarenta. Por otra parte el asociacionismo católico creó instituciones de ayuda para las trabajadoras jóvenes desde 1915, fundando pocos años más tarde la Federación de Empleadas guiada por el religioso Miguel de Andrea. No obstante, en contraste con lo sucedido en otras realidades latinoamericanas donde el catolicismo social fue decisivo en la construcción de las organizaciones de trabajadoras domésticas, en el caso argentino el sindicalismo cristiano fue minoritario.

Hacia 1946 la política social impulsada por Perón constituyó una reivindicación a la que también comenzaron a sumarse las trabajadoras domésticas y sus dirigencias sindicales. Dos años más tarde, aunque no sin resistencias, el peronismo había logrado hegemonizar el sindicato. Recién en 1949 con el impulso de la CGT y del sindicato afín de trabajadores de Casas de Renta se reunió una asamblea nacional que tendió a normalizar el gremio. Sin embargo, la tasa de sindicalización permaneció baja y la institución débil.

Previo al Peronismo solo la ley 11.317 de 1924 que regulaba el trabajo de mujeres y menores, hizo referencia al trabajo en casas particulares, prohibiendo laborar en servicio doméstico a menores de 14 años, fuera de ello la anomia más absoluta, ergo, la esclavización práctica de las “mucamas”.

Durante el primer peronismo, el gremio del personal auxiliar de casas particulares si bien se vio muy beneficiado en la realidad material del mercado de trabajo y en su inclusión desde el punto de vista político, como categoría de trabajadores dignos, dentro del proyecto nacional y popular en curso; otra fue la suerte que corrió en el plano legal, dado que, pese al sueño de Evita y su denodada lucha por la dignificación de estas trabajadoras, solo se obtuvo una tardía y (revolución fusiladora mediante) prematuramente frustrada iniciativa legislativa, como lo veremos a continuación.-

En efecto, las “sirvientas” recibieron un notorio beneficio económico y social en el plano del mercado de trabajo, en primer lugar porque la industrialización inducida durante el peronismo, permitió que muchas mujeres, otrora con la única opción de conchabo en el servicio doméstico, consiguieran trabajo en determinadas ramas industriales (Vg. industrial textil, indumentaria, alimentación) y de servicios (Vg. sanidad, educación, tareas administrativas, secretariados, etc.) que florecieron al amparo del nuevo modelo económico, circunstancia que llevó a reducir, proporcionalmente el número de trabajadoras ofrecidas.

Al mismo tiempo se ampliaba la demanda de trabajo, precisamente por la mayor cantidad de mujeres que se iban incorporando al mercado laboral, que salían de sus casas, y que requerían de colaboración en las tareas atinentes al hogar y la crianza de los hijos que, en la época, se hallaban casi exclusivamente en cabeza de la mujer, confluyendo tal circulo virtuoso, a elevar naturalmente su nivel de salario.

Por otro lado, las trabajadoras domésticas, recibían cierto grado de amparo, contención y cobertura, principalmente a través de la gran tarea de asistencia social desplegada por la Fundación Eva Perón, así por ejemplo, en materia de contención en la etapa inicial de migración y desarraigo, o en la asistencia social directa, generalmente canalizada a través de los Hogares de Tránsito y el Hogar de la Empleada, instituciones subordinadas a la Fundación.-

En suma, la intervención estatal y la política de desarrollo de la industria liviana, confluyeron a elevar el nivel de vida y dignidad de las trabajadoras de casas particulares, situación que, por supuesto, era objeto de la queja histérica de la oligarquía de la época y de ciertas clases medias* que añoraban las etapas precedentes, en las que desbordaban las trabajadoras (fundamentalmente migrantes internas o de países limítrofes) dispuestas a someterse de “sol a sol” a cambio de cuasi limosnas.- *(Incluso, hay que decirlo, la prédica quejosa provenía de familias de trabajadores formales calificados, beneficiadas por el ascenso social, al que el mismo proceso económico, social y político, que solían denostar de “populista”- en el significante peyorativo que ciertas clases medias suelen atribuirle al término- las inducía,).-

El lamento burgués pasaba por la mayor dificultad en obtener empleadas cuasi esclavas, por el envalentonamiento de las empleadas que se animaron a exigir derechos a sus patronos tales como el pago del aguinaldo o el respeto de los descansos, y por la asistencia estatal que recibían, a la que endilgaban el sayo de “fomento de la vagancia” (cualquier coincidencia con la queja actual contra la asignación universal proveniente del nuevo gorilismo, no es fruto de la casualidad).-

Distinta fue la situación en el plano de la legislación laboral, apenas puede contarse la sanción de la ley 12.919 que en 1947 reconoció a las trabajadoras de casas particulares, el derecho a percibir aguinaldo, y la extensión a estas trabajadoras, en ese mismo año, del franco remunerado semanal, no obstante, la resistencia oligárquica frustró las iniciativas tendientes a la equiparación de derechos de las “mucamas” con el resto de los trabajadores.

En efecto en el año 1949 Evita avaló él envió al Congreso de un proyecto de ley de regulación y protección laboral del empleo doméstico, no obstante, la presión de sectores oligárquicos, de un sector del ejército y de la Iglesia Católica (que aunque como se dijo más arriba carecía de influencia sindical, en cambio contaba con instituciones y parroquias dedicadas funcionar como una suerte de “agencias de empleo”, reclutando y colocando empleadas para el trabajo doméstico), el proyecto fue “cajoneado” en los umbrales de la cámara baja, a la espera de un mejor tiempo político.-

Tardíamente, recién el 8 de septiembre de 1955, se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para empleados de casas particulares, elevado por la diputada pampeana Delia Degli Uomini de Parodi (amiga personal de Evita y portadora del encargo que le había dejado la abanderada de los humildes, antes de su fallecimiento, a fin de que su sueño se convirtiera en ley), lamentablemente la iniciativa no llegó a completar su trámite parlamentario, ocho días después de su media sanción, la revolución fusiladora (régimen que además se encargaría de encarcelar durante más de tres años a la diputada Degli Uomini de Parodi, bajo la espuria acusación de “traición a la patria”) se encargó de disolver el Congreso frustrando una vez más, el necesario avance en los derechos de los trabajadores auxiliares de casas particulares.-

Luego, el régimen criminal de Aramburu y Rojas dictaría un decreto ley, el 326/1956 que rigió durante 56 años, y que otorgó a los trabajadores de casas particulares un estándar tuitivo mínimo y claramente discriminatorio respecto del resto de los trabajadores (sin licencia por embarazo, con indemnización por despido menguada al 50%, con solo un mes de licencia por enfermedad, con exclusión de la protección propia de la relación de dependencia para los casos de empleados con jornadas menores a 4 horas de trabajo o con menos de 4 días de labor semanal, sin reconocimiento de adicionales por horas extras o nocturnidad, sin cobertura ante infortunios laborales o enfermedades profesionales, con salarios que eran fijados por el Ministerio de Trabajo en escalas inferiores importe del salario mínimo vital y móvil, etc.) con la excusa de que sus empleadores no son empresas, sino casas de familia y que el fin de lucro no se hallaría detrás de su prestación laboral, utilizándose el eufemismo “dador de trabajo” para eludir la figura de “empleador”, que verdaderamente le cabía a los patronos, se cristalizaba, vía legislación de facto, un menoscabo en la protección laboral de esta categoría de trabajadores, integrantes del eslabón más débil de la cadena socio-económica.

Cabe resaltar que, más allá de la vigencia formal del citado decreto ley, en el plano de la realidad social, con la revolución fusiladora triunfante, e identificado el gremio de las “mucamas” como simpatizante del peronismo, se verificó una suerte de revancha social, que entre otras cosas, incluyó el envalentonamiento de los patrones, las represalias personales, el congelamiento de los salarios y el retorno a prácticas de humillación que se creían superadas.-

Ya adentrándonos en nuestra actualidad, desde el punto de vista sociológico podemos trazar el siguiente cuadro de situación: como se dijo más arriba, al año 2012 el 98,5% de los empleados de casas particulares eran mujeres, el 75% de ellas no había completado los estudios secundarios, el 43% eran inmigrantes de países limítrofes, el 72% trabajaba para un solo empleador (el resto para dos o tres empleadores), de ese 72%, el 85% trabaja “con retiro” y solo el 15%, bajo el régimen de “cama adentro”; el 74% se halla en el quintil más bajo de la pirámide de ingresos, todo ello según datos estadísticos elaborados por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTEySS.

Si bien el conchabo en servicio doméstico se efectúa bajo la esperanza de constituir una primera ocupación de carácter transitorio para luego desembocar en otras formas más calificadas de trabajo asalariado, la realidad demuestra una escasa movilidad social ascendente, conspirando a tal efecto la ausencia de capacitación, el contexto socio económico de desenvolvimiento, la estigmatización social, racial y cultural de las empleadas y el bajo nivel salarial, lo más grave, es que mayoritariamente la informalidad del empleo conduce a un horizonte de futuro incierto en materia jubilatoria, a ello cabe agregar que estas mujeres suelen superar los 50 años de edad con deterioros en su salud psicofísica superiores, a los de la media de trabajadoras en relación de dependencia.-

Cuando asumió Néstor Kirchner la presidencia de la Nación, en 2003 apenas el 5% del universo de empleadas auxiliares de casas particulares se hallaba registrada, el 95% de ellas carecía de aportes jubilatorios, sindicales y de cobertura de obra social, y a un alto porcentaje de las mismas, aún vigente la normativa de facto que regía desde 1956, ni siquiera se las reconocía como empleadas en relación de dependencia; así las cosas, el Proyecto Nacional y Popular comenzó una agresiva campaña de formalización de las “mucamas”, por un lado, por vía de la simplificación del trámite registral, actuando en conjunto, a tal efecto, la ANSeS y la Afip, se estableció el aporte único de una suma fija (que incluye el aporte jubilatorio y el destinado a la obra social médica) en un formulario único y de fácil confección, que al mismo tiempo hace las veces de recibo remunerativo, y por el otro, un incentivo económico para la clase media empleadora: la ley 26.063 permitió deducir de la ganancia bruta, los salarios abonados al servicio doméstico hasta un monto tope, anualmente fijado por la autoridad recaudadora; a los fines de la determinación del impuesto en el significante peyorativo que ciertas clases medias suelen atribuirle al término esta política permitió elevar al 16% el porcentaje de empleadas registradas en el año 2009, siendo hoy día aun superiores los índices de “blanqueo” [según las últimas estimaciones superarían las 200.000 empleadas formalizadas, aun cuando la mayoría no se encuentre sindicalizada].

Aun faltando mucho por hacer, en la “década ganada” se han mejorado sustancialmente los estándares de protección social y sindicalización de las “mucamas”, arrancando de un punto de partida cercano a la figura del “infierno” [para usar la metáfora con la que Néstor solía describir la situación del país al momento de asumir el timón de mando de la nave que parecía hundirse en el más profundo de los océanos]. Según los registros del MTEySS, existen actualmente 20 agrupaciones sindicales de empleadas domésticas a nivel nacional. Las dos organizaciones localizadas en la ciudad de Buenos Aires cuentan con una trayectoria de más de medio siglo, pero su peso ha sido históricamente reducido. El sindicato más importante en términos del número de afiliadas en la ciudad de Buenos Aires cuenta, con un padrón de unos 23.000 miembros, en su gran mayoría mujeres. Al ser el sindicato con mayor número de afiliadas en la ciudad, éste detenta el monopolio de la representación del conjunto de las trabajadoras del sector, así como la provisión de los servicios médico-asistenciales. La obra social vinculada a esta entidad gremial fue fundada en 1975. Al impulsarse el empleo registrado se ampliaron las posibilidades de acceso a las prestaciones de salud para un mayor número de empleadas domésticas, dando impulso importante al desarrollo de esta obra social. En efecto, la obra social ha tenido un crecimiento particularmente acelerado en la última década, pasando de 15.000 afiliadas a mediados de la década del ’90 a 200.000 en el año 2010. Esto ha implicado también un aumento importante en los recursos de la misma, que se ha traducido en la apertura de nuevas sedes en diferentes provincias y la ampliación de su oferta de servicios.

A todo ello se sumó la incidencia positiva, en el nivel de ingreso y calidad de vida, que significó el pago de la asignación universal por hijo a partir del año 2009 y de la asignación por embarazo, subsidios sociales con los que la mayoría del universo de empleadas domésticas resultó beneficiado.

Con el objetivo de “jerarquizar y profesionalizar” el trabajo doméstico remunerado, los gobiernos del Proyecto Nacional y Popular, implementaron programas de formación profesional que consisten en una variada oferta de cursos gratuitos de formación, así como la asistencia técnica y financiera a las instituciones sindicales que los organizan y dictan. Además de aquellos participantes que se acercan espontáneamente a los cursos a través del sindicato o de la obra social del sector, se forma a los beneficiarios de los Planes de capacitación y empleo, otorgados por el gobierno nacional a trabajadores desempleados, que deben cumplir actividades de capacitación como contrapartida. En el caso específico  de los programas dirigidos a los trabajadores del servicio doméstico se intenta, por una parte, contribuir al mejoramiento de las condiciones salariales y de trabajo dentro esta actividad, a través de la adquisición de competencias acreditadas, que vayan en el sentido de la especialización del empleo. Por otra parte, al mejorar la “empleabilidad” de las personas, el programa busca promover la movilidad hacia otro tipo de empleos, en sectores cercanos o afines.

Con la sanción de la ley 26.844/2013 tal y como lo expresó nuestra Presidenta en su discurso del 11/04/2013, se ha dado cumplimiento al sueño de Eva Perón, la equiparación de derechos con el resto de los trabajadores formales se ha completado: la indemnización por despido ha quedado equiparada, se ha reconocido la licencia por embarazo, se ha reconocido relación laboral dependiente, cualquiera fuera el tiempo de prestación de servicios, se ha reconocido el pago de los adicionales correspondientes al trabajo en feriados, horas extras y nocturnidad, se han equiparado los plazos de licencia por enfermedad; se establecen agravantes indemnizatorias para los casos de empleo no registrado (otra medida en dirección a la formalización del empleo doméstico) etc.

La crítica neoliberal a este avance inclusivo, (que en el fondo oculta el odio reaccionario contra la ampliación de derechos y la resistencia a la aceptación de la trabajadora doméstica como sujeto de derechos) tiene una doble vertiente: en primer lugar se afirma, que se somete a las familias de clase media a soportar costos laborales equivalentes a los de una empresa, ello es inexacto, adviértase que el monto actual de la suma fija de aporte para jornadas de más de 16 horas semanales, es de $135.-, mensuales, importe ínfimo comparado con las cargas sociales del resto de los trabajadores formales, que rondan el 45% del salario bruto; en segundo término se alega que la elevación del estándar de protección juega en contra de la oferta de empleo (otra vez el viejo mito del supuesto incremento de la oferta de empleo para justificar la precarización laboral), ello resulta igualmente falso ya que por un lado la oferta funciona fundamentalmente en base a la necesidad familiar, resultando secundaria para el empleador, la mayor o menor protección que le otorguen las leyes al trabajador  y en segundo término, cabe destacar que, hasta el presente, el incremento de la formalización y la protección de esta clase de trabajadores inducida por el Gobierno en estos últimos diez años, ha ido paralela con el mantenimiento o incremento de la oferta laboral según las épocas; la realidad, que es la única verdad, desmiente a esta especulación teórica cargada de prejuicio ideológico y estigma cultural.

Desde otro punto de vista, cabría augurar que, si nuestro país prosigue en la senda de crecimiento económico sostenido con inclusión social, en los próximos años se verificará, en forma concomitante con el avance social que este proceso supone, una notoria y deseable disminución positiva de esta clase de empleo peyorativo y mal remunerado.-

A partir de la sanción de la nueva ley comenzó una campaña de desinformación  llevada a cabo por los medios de comunicación monopólicos alentando a las empleadas a que no se blanqueen porque perderían el derecho a la asignación universal por hijo y por embarazo, queriendo imponer una falacia, ya que el artículo 72 de la Ley 26.844 dice expresamente que “las empleadas/os del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, se encuentran incluidas en el inciso c) del artículo 1º, siendo beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social…” , y más aún, se les otorga también el derecho a la percepción de la Asignación por Maternidad (que consiste en la continuación de la percepción de una suma equivalente al monto de su sueldo mensual durante su licencia por maternidad) encomendando al Poder Ejecutivo el dictado de las normas pertinentes “(…) a efectos de adecuar y extender a las empleadas/os de dicho régimen especial estatutario las demás asignaciones familiares… (Ayuda escolar, nacimiento, matrimonio y adopción)”.

Dos cuestiones importantes quedan pendientes para mejorar la calidad de vida, salarios y condiciones de trabajo de las “mucamas”: la reglamentación de su incorporación al régimen de riesgos del trabajo [hoy los empleadores no pueden recurrir a una ART para cubrir los infortunios del servicio doméstico, viéndose obligados a contratar seguros de accidentes personales, más caros y de cobertura mínima e insuficiente] y la mayor inversión de dinero, tiempo y recursos humanos en difundir y ampliar el número de beneficiaras en capacitación y formación (mediante una campaña que debería llevarse a cabo en forma coordinada entre el Ministerio de Trabajo y el de Educación, además de la participación de las organizaciones sindicales), con la finalidad de estimular la calificación laboral y el ascenso social tan anhelado por estas trabajadoras.-

Es de desear que el sueño de Evita se cumpla en su integralidad, que el avance social y económico de la Nación determine, como se expuso más arriba, una reducción virtuosa del empleo doméstico (es decir derivado del ascenso social de estas trabajadoras) y la imposición definitiva y generalizada del trato humano y digno en favor de quienes no puedan escapar a esta clase de actividad; bueno sería que escenas como las que ilustra la foto de la “doméstica” obligada a “cacerolear” por su patrona, visiblemente en contra de su voluntad, sean solo el mal recuerdo de un pasado ignominioso que no vuelva a repetirse.

El Laboralista.