EMERGENCIA Y URGENCIA

 

aulaContainer

Estos términos usados en la medicina, en forma bien diferenciada, son muy aplicables a nuestro sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires.

Rápidamente los consideramos sinónimos, pero a poco de andar debemos resaltar las prioridades para atender a su real significado.

La emergencia NO PUEDE ESPERAR y la urgencia nos habilita a algunas horas.

Hoy la Ciudad  de Buenos Aires tiene  una Emergencia  educativa,  niños sin vacantes, sin escolarizarse, no pueden esperar, no deben, resulta moralmente inaceptable,  más allá de las normas que los protegen, como la propia Constitución de la Ciudad.

Caemos rápidamente en una trampa si nos permitimos  discutir “aulas móviles o containers”, “aulas durlock o pasillo” y nos enredamos en algo que no debió haber sucedido pero que hoy es presente. La improvisación  y falta de gestión en un tema archiremanido en el nivel ejecutivo de la C.A.B.A.  La intencionalidad de debilitar la escuela pública,  es otro tema interesante para abordar. Debemos considerarlo, sin embargo hoy no podemos  perder el objetivo: niños en la escuela ya .¿Cuál debe ser nuestra acción en la emergencia?

Veamos cómo empezó: novedoso sistema de inscripción, cuestionado sistema de inscripción, ya que todo debió hacerse on line, es decir con una computadora a disposición, sin permitir una alternativa ante la carencia de este elemento. Su responsable es el director de Tecnología Educativa de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Aguado, quien con un presupuesto de quince millones de pesos, entregó la gestión a tres empresas. (este funcionario también fue el que compró netbooks que valían 82 millones de dólares y las pagó 274 millones… y las compró a Clarín, único oferente.  Hay una denuncia penal que realizó el ingeniero Garbarz de la UTN).

Además del cuestionamiento en su arranque por su innecesariedad y costo,   demostró ineficiencia en su ejecución, ya que en un comienzo generó la falta de vacantes para 17.000 alumnos.  Los números se fueron ajustando a pesar del sistema y sólo (irónicamente) quedaron 12.000 alumnos sin espacio físico.

Más allá de la ineficacia del sistema que no consideró ni  las escuelas cercanas al domicilio, ni a todos los hermanos concurriendo a un mismo establecimiento y demás, visibilizó algo subyacente, básico, que es la falta de vacantes por ausencia de infraestructura.

No nos alegra, en absoluto, pero ha puesto en “blanco sobre negro” de qué estamos hablando cuando hablamos de educación en la ciudad de Buenos Aires. Porque esto que viene sucediendo hace años ha sido callado por la muralla periodística que el Jefe de la Ciudad tiene, y es entonces cuando en forma “democrática” le sucede a todos (a los hijos de quienes viven en las villas, a quienes viven en barrios, a cualquiera) a través de un maravilloso, novedoso, innovador y rápido sistema de inscripción, que ha corrido el velo mediático protector existente ya que demostró aquello imposible de ocultar.

Hoy podemos leer en algún medio que hace siete años se realizó una denuncia presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la justicia. La justicia citó  para el día 27 de Febrero a funcionarios del área educativa a dar cuenta de “las medidas adoptadas y que se adoptarán por los miles de chicos que no tienen vacante”.

La falta de vacantes no es nueva, y la acción del ejecutivo ha sido dilatar la ejecución de “su deber” usando las herramientas judiciales, como si se tratara de un juicio por falta de pago de alquileres.   Apeló la decisión judicial, utilizando las normas procesales (como corresponde) y olvidó en el camino su principal deber de existencia: “…la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine…” artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.

El pasado 20 de Febrero el diario Tiempo Argentino publicó una nota relatando la larga existencia del tema.  En 2006, la ACIJ inició una demanda para que la Ciudad remedie la falta de lugares en el nivel inicial, que entonces tenía alrededor de 6000 chicos afectados. En 2007 la sentencia en primera instancia fue favorable y ordenó que el ejecutivo porteño detalle las obras en ejecución, proyecte las necesarias y especifique qué medidas se iban a tomar para asegurar, a partir de 2008, el acceso a establecimientos de nivel inicial. Tras una apelación y un segundo fallo (en 2008) a favor del reclamo, en 2011 el GCBA presentó un nuevo recurso y luego de la intervención del Tribunal Superior de Justicia la Ciudad se comprometió a realizar 24 obras antes de 2012 (de las cuales diez, según la ACIJ, quedan pendientes) y a presentar un plan de obras adicional para resolver “totalmente” el problema de falta de vacantes.

Del presupuesto, y su ejecución.

Pareciera entonces que nuestro pobre Ejecutivo no ha podido hacer obras, sin embargo resulta difícil de creer con el presupuesto que tiene destinado a la educación.    Para este 2014 tiene la aspiración de destinar un 23,4% del presupuesto total al servicio educativo.  Un porcentaje interesante de una torta grande, es decir tomando en consideración el volumen del su presupuesto.

            Este poder ejecutivo es muy tramposo, así las cosas el gobierno de la Ciudad asignó 216 millones de pesos a infraestructura escolar. La ley de Presupuesto para 2014, votada en diciembre, era por 231 millones, pero Mauricio Macri lo disminuyó un 7% mediante un decreto del 3 de enero del corriente.

SOLO EL 2% DEL PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN SE ASIGNA A INFRAESTRUCTURA.

Aunque esto merece otro análisis, de paso comento que el costo por container es de 634.523,81 pesos, mientras que un aula de ladrillo cuesta 336 mil pesos .

            Gobierno de excesos de gastos y de subejecucion de los presupuestos, aquí están las trampas para beneficiar a amigos y perjudicar al pueblo.

            Un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP)   que reproduce en parte Telam el 2 de Febrero pasado y Tiempo Argentino el día 3, señala que “este estancamiento de la inversión en infraestructura educativa se contrapone al continuo incremento de las transferencias corrientes a la educación privada durante los últimos seis años, reflejando la concepción privatista en materia de educación de la gestión del PRO”.

            Según el análisis del GEENaP, mientras las transferencias a la educación privada se incrementaron 291% entre 2007 y 2013, “la inversión en infraestructura y equipamiento sólo lo hizo en un 78%”. Comparando 2012 con 2001, el porcentaje del presupuesto destinado a obras bajó un 55%, y entre 2012 y 2013 lo hizo otro 19 por ciento. “El presupuesto de la Dirección General de Infraestructura ha reducido su participación en el total del gasto del Ministerio de Educación de la Ciudad, llegando a representar para el tercer trimestre de 2013, solo el 2,5% del gasto de total”, acotaron.

Otro punto destacado es la ejecución de esos presupuestos: “Mientras los recursos destinados a la Dirección General de Educación de Gestión Privada tienen un alto nivel de ejecución presupuestaria, la inversión en infraestructura y equipamiento muestra una clara subejecución de su crédito asignado, representando en 2013 solo un 58% la ejecución en esa área”.

De acuerdo al relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), basado en datos oficiales, en 2012 el presupuesto para Infraestructura escolar se ejecutó en un 70%, y el de Gestión Privada llegó al 99,5% habiendo incluido una suba de $ 250 millones a lo largo del año, llegando a un total de $ 1584 millones. En 2013 lo destinado a Infraestructura bajó de $ 333 millones a $ 265 millones, ejecutados en poco más de la mitad: en estos últimos dos años el Gobierno de la Ciudad decidió no utilizar $ 210 millones destinados en el presupuesto a obras escolares. Esto tiene su correlato con el conflicto sucedido ante la falta de vacantes en el sistema de inscripción online, y la decisión del Ejecutivo porteño de instalar 41 aulas “modulares” a un costo de 26,6 millones de pesos. Exceptuando dos, el resto serán en zona sur, incluso algunas estarán colocadas en lugares donde debían estar terminados Polos Educativos, tal el caso de Barracas y Mataderos. Para el titular del área educativa de la Defensoría, Gustavo Lesbegueris, “la instalación de aulas modulares es consecuencia de la subejecución del presupuesto en infraestructura”.

¿Y ahora los containers?

            Tiene razón el juez del fuero Contencioso Administrativo Roberto Andrés Gallardo que dictó  una medida cautelar para prohibir “la utilización de containers o módulos metálicos para albergar alumnos, de cualquier nivel” en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía Bronquen de Spangenberg, del barrio de Palermo.

            Los motivos son varios: en el fallo se describen “tres containers o módulos metálicos, de medidas extremadamente reducidas (aproximadamente 2 por 4 m), con una puerta de acceso y una sola ventana pequeña”. Además, se agrega que “a simple vista se pudo verificar que se trata de sitios sumamente precarios, con los paneles que forman paredes unidos de manera irregular, y con instalaciones eléctricas deficientes, con cables a la vista que se encuentran directamente apoyados sobre las estructuras metálicas”.

            El 18 de Febrero salió publicado en la Nación fotografías de descripciones de  las aulas móviles que se están terminando en La Boca, que aseguran (y así se ven) ofrecer seguridad, ser de buena calidad, y de aceptable tamaño. Diferentes a aquellas que  defenestró Gallardo.

El 22 de Febrero en Pagina 12, se relata justamente el acuerdo al que se estaría arribando en el ámbito del amparo en el que interviene la Jueza Elena Liberatori por las aulas pasillo del colegio Bernasconi, en donde participó  además el Arq. Jaime Sorín por ser el Presidente de la Comisión Nacional de Museos. Aquí el problema es la seguridad de dicho “agregados”, se ordenaron pintarlas con material ignífugo.

            Estas medidas judiciales seguramente se multiplicarán, y permiten prever un tardío inicio de clases con innumerables conflictos a los que se les sumará la paritaria docente.

La emergencia deberá impulsarnos a crear soluciones ya (instalaciones ociosas, clubes, etc), la urgencia deberá ponernos en guardianes celosos de la gestión, con seguimientos a través de nuestros legisladores, padres y docentes.  Todos los que entendemos que la educación pública nos hace iguales y que nos hará libres. Es la tarea, es nuestra deuda.

 

Dra. Virginia Cabo

Abogada. Integrante del Frente Técnico y Profesional de PERONISMO MILITANTE