Política educativa

El Peronismo siempre pensó la educación como una política nacional y popular, de inclusión social. Un Derecho de los trabajadores, con responsabilidad  indelegable del Estado.

Ateniéndonos al Art 30 de la CN consideramos que los cambios políticos, sociales, económicos, culturales de esta nueva época ameritan otorgarle rango constitucional a una política educativa que represente este momento histórico y trascienda nuestro tiempo a través de un pensamiento pedagógico latinoamericano.

El Art. 14 de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho de enseñar y aprender y la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, en su Art. 1º señala que:

-          La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan.-

La interpretación de ese enunciado “enseñar y aprender” es de carácter amplísimo y así se entiende en el art. 75 inc.18, donde se señala que es atribución del Congreso “proveer lo conducente a la prosperidad del país (…) y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, (…)

Vemos entonces que el derecho a la educación y a la cultura, el derecho a informarse, a investigar en todos los campos del saber humano, el derecho a difundir los conocimientos, informaciones, investigaciones, son responsabilidades atribuidas al Congreso de la Nación.

Sin embargo, basta mirar la propia conformación del Poder Legislativo para observar cuán inviable es que los legisladores se aboquen a pensar y redactar esos planes; no sólo por  su composición numérica, sino también porque sus procedimientos llevan mucho más tiempo y porque muchas veces carecen de elementos técnicos especializados. De hecho tengo entendido que el Congreso Nacional delegó esta facultad a ámbitos del Poder Ejecutivo y de las Universidades. La Corte Suprema admitió la legitimidad de tal decisión. ( Bergés, Fallo, 166:264)

La propuesta es, entonces, modificar estas atribuciones de la segunda parte de la CN  y ubicarla en los principios fundamentales de nuestra CN, tal como lo pensó Perón en la Constitución del 49.

En este punto se puede sintetizar los art. 2º y 3º de la LEN:

ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.

ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.-

No se trata tan solo de un cambio de ubicación, sino de “blanquear” una atribución que el Congreso no la puede cumplir. Y además, de regular una política de estado que piense la educación en términos no neutrales.

No olvidemos que nuestro sistema educativo se formó sobre la base del concepto “civilización o barbarie”, donde la civilización encarnaba una mirada eurocentrista y norteamericana. Y nosotros –Latinoamérica y el Caribe- éramos (y para muchos seguimos siendo) la barbarie.

Si recordamos la política educativa de Perón, por ejemplo en la sección Educación del Primer Plan Quinquenal de 1947 ya  indicaba los esfuerzos en reorganizar el sistema, estableciendo la estructura del Consejo Nacional de Educación para coordinar la supervisión de las instituciones educativas a todos los niveles.

Este estadio organizacional también reflejó la intención peronista de centralizar el sistema y ponerlo bajo control del gobierno. Del Estado.

No olvidemos que ese Proyecto nacional pensado por el peronismo quedó trunco. Y más que eso se buscó desmembrarlo absolutamente. Más de 40 años -48 años- de  políticas de corte neoliberal vinculadas con el modelo del Consenso de Washington. Las consecuencias de los procesos de reforma del Estado y de aplicación de las políticas derivadas del modelo neoliberal, han sido similares en casi todos los países de la región en términos de primacía del sector financiero, de la economía, de la  polarización social, la profundización de la pobreza y crecimiento del desempleo;  lo que contribuye a la  disolución de los lazos de integración ciudadana. En estos términos podrían subsumirse las políticas educativas de los ´90: en fragmentación de los derechos sociales.

Son estos antecedentes los que nos avalan a proponer un cambio. Un cambio que en realidad lo inició Néstor en el 2003. A partir de este año  su gobierno  implementó una política económica centrada en la recuperación del mercado interno y del empleo. El núcleo central de esta estrategia fue la política cambiaria, que consistió en mantener un tipo de cambio real alto, que sirvió a la vez para proteger a la industria nacional de la competencia externa y a impulsar las exportaciones. Esta política potenció el crecimiento económico (que en el periodo 2003-2007 fue de un 40%), ayudado por un cambio de precios relativos favorable a los productos de exportación del país, que permitió contar por primera vez en décadas, con superávit externo y fiscal conjuntos. Por qué es importante recordar esto?  Porque como lo dijo Cristina la Economía y la Educación van de la mano.

Si es deber del Estado asegurar el servicio educativo en todos los niveles y modalidades, mediante escuelas propias (gestión pública),  es el Estado Nacional quien contribuye al financiamiento educativo y  brinda los recursos financieros necesarios  a las provincias que no están en condiciones de  garantizar el servicio educativo.

Ahora bien, para orientar las políticas educativas se hace necesario implementar una legislación que le dé marco jurídico y sirva como instrumento para  llevarlas adelante.

En esta línea política, el primer aspecto a destacar es la conceptualización de la educación como bien público y como derecho social y la centralidad del Estado en la garantía de este derecho. Estos principios se yuxtaponen con la formulación de la educación como un derecho personal y con el rol de la familia como agente natural y primario de la educación, tal como lo establecía la 24.195,  de 1993.

Hoy tenemos un rol más activo del Estado en la garantía del derecho a la educación, en la promoción de la unidad del sistema educativo nacional y en el diseño de políticas inclusivas y más igualitarias fundadas en principios sociales.

Para seguir construyendo una Patria Libre, Justa y Soberana.

Alicia Ruidiaz

Frente Técnico-Profesional Peronismo Militante