No es curro

No es curro

Estas palabras no van dirigidas al Alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que sus dichos solo expresan el pensamiento de lo que en su época fue el sustento civil y económico de la dictadura criminal, sino a personas comprometidas con la lucha por los derechos humanos, que asombrosamente, han hecho suya la calificación de “curro”, con la que se intenta mancillar a la gesta que ellos mismos han protagonizado, en alguna etapa histórica.

Nos referimos a Graciela Fernández Meijide, quien vivió en carne propia las secuelas del terrorismo de estado y, – aun con su dudosa actuación durante la dictadura – al Dr. Julio Strassera quien, en su rol de fiscal, tuvo participación activa en el juzgamiento de las Juntas dictatoriales.

Con el mayor de los respetos que estas personalidades nos merecen, debemos señalar que nos apena profundamente que un posicionamiento político coyuntural, les haya hecho perder la perspectiva histórica, tanto del proyecto político iniciado el 25 de Mayo de 2003, como de la inclaudicable lucha de los organismos de derechos humanos en nuestro país.

No se puede calificar de “curro” a la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.

No se puede calificar de “curro” a 116 nietos recuperados para sus familias de origen.

No se puede calificar de “curro” a 529 represores presos y condenados a julio 2014.

No se puede calificar de “curro” a 1135 represores procesados a julio 2014.

No se puede calificar de “curro” a cientos de cuerpos de desaparecidos identificados por el equipo Argentino de Antropología Forense.

Se puede disentir con tal o cual acción o posicionamiento político específico de algún organismo en particular, pero no se puede manchar a toda una política de estado justa y reparadora.

Se cuestiona el acceso a cargos públicos de víctimas, familiares y militantes por los derechos humanos, como si hubiera un impedimento ético o un cuestionamiento moral valedero, ¿ignoran que para transformar un país se requiere ejercer el poder?, ¿acaso solo los representantes de los grupos económicos concentrados tienen derecho a trabajar en la función pública?

Parecen seguir a la hegemonía mediática, según la cual cuando un militante de la oposición, o un representante de los dueños del poder real, o integrante de ONG de ideología neoliberal acceden a un cargo público, “cumple su deber”, pero cuando un militante popular accede a un cargo público “va a robar”.

Lamentamos que quienes han tenido méritos indiscutibles en materia de defensa de los derechos humanos, hoy traicionen su propia historia, permitiendo que la estrechez de un oposicionismo cerrado e irracional, no les permita comprender una política de estado estratégica e irrenunciable.

FRENTE TECNICO Y PROFESIONAL DE PERONISMO MILITANTE.