Movilizados por la soberanía, la producción y el empleo

(por Gonzalo Calvo – Peronismo Militante, Chubut)

Más de diez mil personas colmaron hacia el mediodía del 28 de diciembre las calles del centro de Comodoro Rivadavia, “capital del petróleo argentino”, en una movilización de la “familia petrolera” sin precedentes desde aquel verano de 2012 en que los gobernadores de las provincias de Chubut y Santa Cruz –ambos del FpV– acompañados por el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, decidieron revocar las concesiones de áreas que operaba la entonces española Repsol-YPF, medida política que inauguró el proceso de recuperación por parte del Estado Nacional, provincias productoras y trabajadores del sector del 51% del paquete accionario de la empresa, porcentaje que en adelante continuó ampliándose haciendo posible que la vieja y querida Yacimientos Petrolíferos Fiscales, controlada nuevamente por el Estado, vuelva a ser puntal de desarrollo, producción y soberanía, dando una definitiva vuelta de hoja a la larga noche neoliberal de su privatización y vaciamiento.

Pero a casi cuatro años de ese acontecimiento, hoy los trabajadores de la “Cuenca del Golfo San Jorge”[1] no se movilizan para acompañar y celebrar una medida de reivindicación soberana, sino en estado de alerta ante la posible e inminente baja de la actividad por parte de las empresas operadoras y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la baja sostenida del precio internacional del petróleo crudo y la incertidumbre acerca de si el gobierno nacional mantendrá o no el incentivo que las empresas venían recibiendo por parte del gobierno saliente, que hacía posible el mantenimiento de la actividad aun con precios a la baja en el exterior. Ahora bien, ¿es necesario utilizar la modalidad del subsidio para sostener la actividad petrolera? ¿Cuál es su finalidad, en qué nos beneficia, a qué se debe?
Analicemos brevemente la forma en que los gobiernos de Néstor Kirchner y especialmente Cristina Fernández de Kirchner sostuvieron una política energética soberana que tuvo como base el interés público en retomar al autoabastecimiento y profundizar la injerencia del Estado a lo largo de toda la cadena, lo cual sólo resulta posible si se utiliza como herramienta una política monetaria y cambiaria también soberana y manejada en sintonía con los objetivos de gobierno, tal como en los últimos años se condujo el BCRA. Energía y moneda como dos elementos clave del desarrollo nacional y por tanto conducidos estratégicamente desde las más altas esferas del Estado, porque como en varias ocasiones dijo el General Perón, “la economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste”.

Un poco de historia

En una economía “de libre mercado” –es decir, manejada por acuerdo de oligopolios sin
regulación estatal–, como lo era en materia energética la política de los años 90, la producción, distribución y comercialización de commodities[2], entre ellos el petróleo, queda sometida a la rentabilidad empresaria determinada por los precios de venta en el mercado internacional. De esta forma, durante los primeros años del auge privatizador y desregulador se permitió que las compañías operadoras de yacimientos petroleros, todas privadas en ese entonces, tomaran la pésima decisión de convertir a la Argentina en país exportador de hidrocarburos[3]. Pésima porque, si bien contamos con suficientes recursos para abastecer el mercado interno y desarrollar una industria con energía abundante y barata, nuestro país está lejos de contar con niveles de reservas como los de Kuwait, México, Venezuela o Arabia Saudita, por poner ejemplos que superan holgadamente sus consumos internos y permiten a esos países vivir de la exportación de crudo; por el contrario, Argentina sólo pudo ser exportadora en base a la retracción del consumo tanto industrial como domiciliario provocada por las políticas recesivas de los 90 (cierre de fábricas en las zonas industriales, desempleo y empobrecimiento general de la población), lo que supuso una fenomenal transferencia de recursos desde las familias e industrias argentinas a un grupo de empresas multinacionales que controlaban la producción y comercialización hidrocarburífera, en otro ejemplo más de lo que sucede cuando el negocio de exportar un producto compite contra el abastecimiento del mismo en el mercado interno, en lugar de complementarlo[4]. Mientras los precios internacionales acompañaron y las empresas beneficiadas por la privatización de yacimientos contaron con balances positivos, la producción aumentó y las reservas se mantuvieron, pero hacia 1997 la situación se revirtió con una súbita caída de precios (hasta 8 dólares el barril de petróleo crudo), llevando a las empresas a disminuir la actividad extractiva y la poca exploración (inversión de riesgo) que realizaban y a dar de baja equipos, con la consecuente crisis económica y social en las cuencas petroleras, llegando en esos años a cifras récord históricas de desempleo, superiores al 27% en Las Heras y cercanas al 25% en Comodoro Rivadavia, que llegaron a ser primeras en desocupación a nivel nacional. Fue la época de los primeros piquetes, modalidad de protesta inaugurada justamente en ciudades petroleras como Plaza Huincul (Neuquén) y General Mosconi (Salta), asoladas por el desempleo y el hambre, situación que tuvo que ver con la desregulación de la actividad y la baja de precios internacionales, pero también con los despidos masivos y programas de retiro voluntario de la YPF privada, que pasó en todo el país de emplear más de 40.000 trabajadores a unos 5.500 por esos años.
La situación se mantuvo similar hasta comienzos de 2002. La devaluación llegó en momentos en que el precio internacional del barril de crudo volvió a subir como consecuencia de la inminente guerra en Medio Oriente, a un ritmo que se aceleró a partir del ataque de EEUU a Irak en 2003. El Presidente Néstor Kirchner junto con las provincias productoras impulsó la llamada “Ley Corta”, instrumento que permitió a estas últimas renegociar en términos más ventajosos las concesiones de yacimientos, realizadas por el gobierno nacional en los 90 pero que a partir de la reforma constitucional de 1994 pasaron a ser de propiedad provincial. Al mismo tiempo, las políticas laborales llevadas adelante por el Frente para la Victoria acompañaron las demandas de los sindicatos del sector, logrando una rápida redistribución hacia los trabajadores de la renta extraordinaria generada por la devaluación y el alza de precios; es decir, de 2003 a esta parte se vive un incremento de la actividad petrolera acompañado de redistribución de la renta y crecimiento del empleo, el salario y el consumo, que volvieron a hacer del petróleo un fuerte motor de las economías regionales, proceso que pudo verse interrumpido en ocasiones por vaivenes en el precio internacional o en la actividad interna, pero que en términos lineales y tendenciales se mantuvo durante estos doce años incluso a pesar de las crisis de 2008 y 2012. Pero no obstante el incremento de los niveles de actividad, las compañías operadoras no llevaron adelante una política de inversiones de riesgo en exploración tendientes al descubrimiento de nuevas reservas. Es decir, se dedicaron a extraer y vender el recurso ya conocido y no a reinvertir el suficiente porcentaje de ganancias (los contratos de concesión suscriptos en los 90 tampoco contenían esa exigencia fundamental), con lo cual el recurso tendió a agotarse, cayó el nivel de reservas. Esto y el acelerado aumento del consumo, tanto domiciliario como industrial a partir de la reactivación de la economía, hicieron que la balanza comercial exterior en el rubro energético dejara de ser positiva hacia 2009. Argentina pasó a ser un país importador de energía. Esta situación llevó al Estado Nacional a diseñar políticas de incentivo para las empresas productoras como los programas “Petróleo Plus” y “Gas Plus”, por ejemplo, con el doble propósito de retomar el autoabastecimiento energético y sostener los niveles de actividad y empleo en las cuencas.
La recuperación de YPF por parte del Estado en 2012 significó una verdadera vuelta de hoja ya que la presencia efectiva en el sector permitió notorios incrementos en la producción y en los niveles de inversión y descubrimientos realizados, así como el desarrollo e incorporación de tecnologías en la exploración y explotación de no convencionales ante la posibilidad de que los viejos yacimientos declinen su producción.

Retenciones y subsidios

Si bien el alza del precio internacional del barril de petróleo crudo posibilitó la recuperación de la actividad, esta circunstancia, junto con la licuación de parte de los costos empresarios a partir de la devaluación, dio lugar a una renta extraordinaria para las operadoras (en su inmensa mayoría multinacionales privadas hasta 2012), al tiempo que puso en riesgo el abastecimiento de combustibles para el mercado interno a valores razonables. Esto motivó que hacia el final de su gobierno Néstor Kirchner colocara un “valor de corte de referencia”[5] de 42 dólares sobre la exportación de petróleo crudo y equivalentes para refinados, medida que tuvo el cometido de garantizar el abastecimiento de combustibles fósiles y energía eléctrica para el mercado interno a precios razonables (que las industrias y hogares argentinos no nos viéramos obligados a pagar la nafta a valores internacionales), al tiempo que permitió incrementar la recaudación del Estado nacional para llevar adelante más políticas redistributivas. El precio de corte estaba calculado en una cifra que permitiera un horizonte de rentabilidad y reinversión a las compañías operadoras, sosteniendo la actividad y el empleo, y venía acompañado de políticas de incentivo para las empresas que superaran determinados niveles de producción. Por supuesto la medida fue criticada por los representantes del capital privado en tanto que limitaba su disponibilidad de renta, llegando a culparla de la pérdida del autoabastecimiento, situación que, como se expuso más arriba, se debe no a una retención sino al crecimiento del consumo, por un lado, y en especial a la omisión de las propias empresas de realizar las inversiones necesarias para mantener o incrementar el nivel de reservas de un recurso no renovable, como es el petróleo.
Cuando en 2012 el precio del barril de crudo superó los 80 dólares, el precio de corte fue llevado a 70 para acompañar el alza de costos de producción, siempre buscando desde la intervención
estatal que el productor obtuviera la misma ganancia vendiendo al mercado interno que al exterior. Estas medidas lograron incrementar la actividad y un aumento de la producción sobre todo a partir de la intervención de YPF recuperada, logrando reducir el déficit energético (y la consiguiente pérdida de reservas destinadas a la importación) y manteniendo un valor de los combustibles razonable para el mercado interno, que hizo posible el sostenimiento de la actividad económica y en particular de las industrias, aun en un contexto mundial de crisis y recesión. El precio del petróleo superó en ocasiones los 130 dólares, con lo cual las regiones productoras aportaron al país casi un 50% de su trabajo en concepto de solidaridad fiscal en épocas de vacas gordas. Y, como suele ocurrir en estos casos, la medida fue acompañada por todo el conjunto de actores del trabajo y la producción (sindicatos petroleros, gremios afines, PyMEs regionales, cámaras de empresas proveedoras de bienes y servicios para la actividad, etc.), ya que, como se dijo, era un precio que permitía el incremento del empleo, el salario y los niveles de actividad, aunque fue duramente criticada por los representantes de las compañías multinacionales operadoras del servicio, reacias, por supuesto, a toda intervención del Estado sobre la disponibilidad de capitales y ganancias y sobre los montos o destinos de comercialización.
Hacia 2014 la tendencia internacional se revirtió y los precios comenzaron a declinar, pasando de más de 100 dólares a 66 a principios de 2015 y a 36 mientras escribo estas líneas (recordemos que el “precio de corte” que permite cubrir los costos de producción y obtener una “razonable” rentabilidad era de u$s 70). En ese contexto, y a fin de asegurar el sostenimiento de la actividad, a principios de 2015 se acordó entre los sindicatos del sector, las empresas operadoras, el Estado Nacional y las Provincias productoras nucleadas en la OFEPHi[6] que, si el precio internacional no superaba los 63 dólares, el Estado se haría cargo de la diferencia mediante un subsidio destinado a las empresas operadoras, tendiente a sostener los niveles de actividad. Este subsidio no es más que la contraparte del viejo “precio de corte”, propia del modelo de federalismo solidario sostenido por los gobiernos de Néstor y Cristina: así como en tiempos de bonanza el fruto del trabajo de las regiones petroleras fue redistribuido hacia zonas necesitadas del país, hoy es legítimo recibir un aporte del conjunto tendiente a mantener el trabajo y la producción. Pero, además de beneficiar a las cuencas petroleras, esta política es ventajosa para el conjunto del país por cuanto:
· Continúa la tendencia al autoabastecimiento, ya que la opción a producir subsidiado es importar a valores internacionales. Si consideramos que la energía es clave para el desarrollo de un país y más del 80% de la matriz energética argentina está basada en hidrocarburos, queda clara la importancia por razones de Soberanía Nacional de no depender de otros para su obtención.
· Posibilita el ahorro de reservas internacionales: si bien el precio internacional del barril medido en dólares es “más barato” que el costo de producirlo en el país que debe ser compensado por medio del subsidio, este último es cobrado en pesos argentinos por parte de las operadoras a valor dólar oficial. Si se hubiese optado por importar, en apariencia más conveniente de acuerdo al precio, cada barril debía pagarse con dólares provenientes de las exportaciones o de las reservas del Banco Central, con lo cual la provisión de energía haría peligrar la solidez externa de la economía nacional. Siempre va a ser más económico emitir moneda soberana (pesos) que perder reservas en divisas.
· Mantiene el círculo virtuoso de la producción, el empleo, el consumo y la recaudación. Si bien quienes se benefician en forma directa son las economías regionales de las zonas petroleras, el país no puede ser visto sino como Uno en la diversidad de zonas y personas que lo conformamos. El pleno empleo y los salarios con buen poder adquisitivo dan lugar a la formación en las cuencas petroleras de importantes polos consumidores que repercuten en otras zonas del país mediante actividades como el comercio minorista, transporte, turismo, etcétera. Si se paraliza una zona petrolera, lo sienten otras muy alejadas (en el caso de Comodoro Rivadavia, puede repercutir en zonas turísticas de la región como Esquel, Puerto Madryn o Bariloche; pero también en zonas de las cuales provienen muchos trabajadores, como Salta, Jujuy o Misiones). A nivel general, es este círculo virtuoso el que mantuvo a la economía del país funcionando y sostuvo los niveles de empleo y consumo a pesar de la recesión en que el mundo globalizado se encuentra sumido. Es decir, es la mejor defensa frente a los embates de la crisis mundial.

Panorama de incertidumbre

Durante la campaña electoral, el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, se comprometió con los sindicatos petroleros y con los gobernadores de provincias productoras a mantener el subsidio hasta alcanzar el equivalente a 63 dólares por barril durante al menos un año, a no ser que los precios internacionales vuelvan a superar esa cifra, arrojando un horizonte
de tranquilidad a los habitantes de zonas petroleras, que, sin excepción, acompañaron su propuesta el 22 de noviembre. No ocurrió lo mismo con el finalmente electo Mauricio Macri, quien no realizó declaraciones claras al respecto. La designación al frente del Ministerio de Energía de la Nación de Juan José Aranguren, ex gerente de la operadora multinacional Shell, de ideas liberales y muy crítico de las políticas energéticas del kirchnerismo (incluso sancionado por no acatar resoluciones del Gobierno que colocaban un precio tope para la venta de combustibles), contribuye a ampliar la incertidumbre entre compañías regionales y trabajadores, ya que incluso se mostró partidario en alguna declaración mediática de volver a los precios internacionales e importar crudo en caso de resultar más conveniente que producirlo en el país.
Por eso, y ante la falta de definiciones por parte de Mauricio Macri a casi un mes de asumir la Presidencia, los dos gremios protagonistas de la actividad (Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, conducido por Jorge “Loma” Ávila y Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, encabezado por José Llugdar) se dirigieron desde la sede gremial del primero hasta la Catedral de Comodoro Rivadavia para hacer llegar al Obispo el mismo petitorio que acercaron al Ministro de Energía y al Presidente de la Nación. La masiva movilización “en defensa del Trabajo, la Familia y del Salario petrolero”, que ocupó varias cuadras y de la cual participaron también trabajadores petroleros de otras ciudades de la cuenca, fue acompañada por sindicatos hermanos, empresas regionales, organizaciones políticas, vecinos de la ciudad y funcionarios del gobierno local (en manos del Frente para la Victoria). En un breve pero elocuente discurso, Ávila destacó la tranquilidad y buena conducta que demuestran la vocación constructiva del trabajador petrolero y la paz social lograda en estos últimos años; llamó a los que más tienen (el Gobierno nacional y las operadoras) a arbitrar los medios para sostener la actividad y tener un Año Nuevo con “paz y trabajo”, concluyendo que “no queremos ser duros pero no vamos a dejar que nos pase lo del 98” (en alusión a la crisis arriba mencionada), “vamos a defender la YPF del Estado, como vamos a defender los puestos laborales de todos”.
Actualmente, y debido a la aludida incertidumbre, 46 equipos petroleros se encuentran parados hasta el 10 de enero, sin que se sepa cuántos van a retomar la actividad en esa fecha. Los trabajadores se encuentran en sus casas merced a un “plan de vacaciones obligatorio” acordado con las operadoras para evitar los despidos hasta tanto se tenga un horizonte más claro. No obstante algunas compañías, como Tecpetrol, ya “bajaron” equipos y despidieron trabajadores, sobre todo en Santa Cruz norte.
Ya se encuentran en riesgo más de 3.000 puestos de trabajo en la actividad petrolera, de la cual dependen en forma directa unas 25.000 familias en la región, sin incluir otras actividades económicas cuyo funcionamiento depende del petróleo o de los ingresos de sus trabajadores.
Es importante y urgente una definición en la materia por parte del Gobierno nacional. Por nuestra parte, como peronistas, debemos tener claro que no es lo mismo producir que
importar, no es lo mismo pagar en pesos o en dólares, no es igual el petróleo en manos del Estado o controlado por el capital privado y multinacional. Mucho se avanzó en estos doce años en la recuperación de la Soberanía Energética del país, concepto que va de la mano de la Inclusión Social, el Pleno Empleo y el Desarrollo Federal Solidario. Mantengámonos en estado de alerta y bien despiertos, en defensa de la Independencia Económica y la Justicia Social.
¡Ni un paso atrás!
Gonzalo Calvo, Rada Tilly, 31-12-2015
[1] Se denomina “cuenca sedimentaria” a la formación geológica que reúne determinadas características que hacen posible la presencia de hidrocarburos en el subsuelo, no en todos los casos en volúmenes explotables. En nuestro país existen 19 cuencas terrestres y marinas, de las cuales sólo 5 se encuentran exploradas y en proceso de producción: Neuquina, Cuyana, Noroeste, Austral y Golfo San Jorge. Esta última, sede del descubrimiento del recurso en 1907, encabeza la producción (seguida muy de cerca por Neuquén). Abarca el flanco sur de la provincia del Chubut y norte de Santa Cruz, tiene su centro económico y demográfico en la ciudad de Comodoro Rivadavia e incluye las ciudades de Caleta Olivia, Cañadón Seco, Las Heras, Pico Truncado, Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo. A diferencia de las otras cuatro cuencas, que tienen economías medianamente diversificadas, nuestra región depende casi exclusivamente del monocultivo petrolero que alimenta las demás actividades económicas (comercio, construcción, turismo interno, servicios, parque industrial metal-mecánico, etc.)
[2] Se denomina de esta forma a bienes genéricos, producidos o disponibles en la naturaleza en grandes cantidades y con un bajo grado de diferenciación o especialización. En general son commodities las materias primas (granos, minerales, etc), lo que hace que tengan un precio de venta determinado internacionalmente. En materia de hidrocarburos, el petróleo es un commodity, no así el gas natural ya que no puede ser transportado sin un proceso previo de industrialización (ya sea a través de un gasoducto o licuado, comprimido y envasado). Por eso esta nota habla casi exclusivamente de petróleo, ya que en el caso del gas el costo de producción y precio de venta están mucho más determinados por variables internas de cada país, es decir que se ve afectado en mucha menor medida por los vaivenes del mercado globalizado.
[3] Siempre se exportaron algunos petróleos (mucho del producido en Comodoro Rivadavia, sin ir más lejos, dadas las características del fluido, que lo hacen poco apto para el consumo interno) y muchas veces también se importaron hidrocarburos, como en el caso del gas de Bolivia. Nos referimos a la orientación de los negocios energéticos en general al mercado mundial merced a la desregulación interna, dejando de considerar como prioridad el abastecimiento del mercado interno y el incremento de las reservas probadas. Consecuencia de este enfoque de política energética, por ejemplo, son los contratos de exportación de gas a Chile –para los cuales las compañías privadas construyeron gasoductos en la década del 90– que debieron ser renegociados y reducidos por Néstor Kirchner a poco de asumir, ya que competían con el abastecimiento interno del fluido, sin titubear ante la disyuntiva entre privilegiar la “seguridad jurídica” declamada por el lobby exportador o el bienestar de nuestro pueblo.
[4] Si bien Argentina alcanzó el autoabastecimiento energético hacia 1992 (en gran medida sobre reservas detectadas por YPF estatal con el impulso de actividad posibilitado por la inyección de capitales privados en un contexto de buenos precios internacionales), éste se sostuvo con crecientes exportaciones mediante la disminución del consumo interno, y las empresas desreguladas no realizaron la necesaria inversión en exploración para mantener o incrementar el nivel de reservas del recurso. Esto explica que, con la reactivación industrial y la recuperación del mercado interno, el país tuviera que volver a importar petróleo hacia 2009.
[5] El mecanismo es bastante sencillo: si el precio internacional superaba los 42 dólares por barril, el remanente a partir de ese monto quedaba retenido en manos del Estado. Además de los beneficios expuestos, el hecho de exportarse en divisas posibilitó incrementar las reservas del Banco Central.
[6] OFEPHi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, organismo que nuclea a las Provincias propietarias del recurso, creado a mediados de 2012 a partir de la recuperación de YPF, ya que parte del paquete accionario de la empresa quedó en manos de dichas mismas. El organismo es de vital importancia para llevar adelante una única política energética nacional sin por ello perjudicar los derechos soberanos de los Estados provinciales sobre los recursos del subsuelo reconocidos en la Constitución de 1994.