Reforma Laboral Esclavista en Brasil: Un Embate Regional Para Ir Poniendo Las Barbas en Remojo

El Golpe de Estado Parlamentario a la Presidenta Dilma Rousseff, instauró en el poder a una restauración neoliberal que impuso el Congelamiento Constitucional por 20 años del gasto público en Salud y Educación, la privatización del Presal (reservas hidrocarburíferas de la plataforma submarina, especialmente ubicadas en el litoral sudeste brasileño), y un conjunto de reformas estructurales que intentan insertar a Brasil, en condiciones de subordinación y dependencia, en la división global del trabajo.

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En tal contexto, Brasil se encuentra en un brutal proceso de flexibilización de las relaciones laborales, y licuación del poder de los sindicatos, en tanto ultima reserva de derechos del trabajador.

Hasta la aprobación de la Reforma, los derechos laborales en Brasil se regían por la denominada “Consolidación de Leyes de Trabajo” de 1943, sancionada por el gobierno de Getulio Vargas, con sus posteriores reformas y actualizaciones.

La ley recientemente aprobada se estructuró en cuatro áreas: condiciones laborales, organización sindical, negociación colectiva y administración judicial-laboral. En lo que refiere a las condiciones laborales, la reforma establece un menú de posibles contratos precarios para la elección del empleador, con el objetivo de abaratar la contratación de la mano de obra. A esto se le agregan medidas que facilitan los despidos, y reducen las posibilidades de defensa judicial de los derechos laborales.

Se modificaron las pautas de extensión de la jornada laboral, en primer término por la vía de establecer la posibilidad de la negociación individual para fijar regímenes que incluyan las 12 horas de labor continuada por 36 de descanso. Anteriormente este tipo de mecanismo solamente se podía incluir bajo condiciones excepcionales y mediante un acuerdo colectivo con el sindicato.

Se facilita también la habitualidad de la jornada de 10 horas diarias (8 comunes y 2 extras), se crea el contrato de trabajo intermitente y se desregulan, reducen o flexibilizan sistemas de derechos laborales en materia salarial, descanso, y licencias laborales. El texto permite la fragmentación de la licencia hasta en tres períodos (uno de los cuales no puede ser menor a 14 días), por acuerdo individual entre trabajador y la empresa.

Se autoriza la tercerización en cualquier etapa del proceso productivo, admitiéndola hasta en la “actividad principal”, cuando antes de la reforma se la limitaba a tareas accesorias (generalmente limpieza, seguridad, mantenimiento y servicios de comedor), que no hacían al objeto principal de la explotación.

Se establece, el despido por “mutuo acuerdo”, que reduce el plazo de preaviso por parte del empleador, del cese de la relación laboral, de 30 a 15 días, mientras que el trabajador puede acceder al 80% de la indemnización pero perdiendo el derecho a Seguro de Desempleo.

En el terreno de la organización sindical, la reforma acabó con el impuesto sindical obligatorio, convirtiendo los aportes patronales y del trabajador en voluntarios, a dicha desfinanciación económica, se suma la licuación del poder político de los sindicatos, dando la posibilidad a los empleadores de suscribir acuerdos individuales con trabajadores, e incluyendo la creación de “Comisiones de Representantes” sin vínculo sindical, para promover el relacionamiento directo -es decir, sin intermediación sindical- entre trabajadores y empleadores, en principio para empresas con más de 200 empleados.

Asimismo se transforma la propia idea de la Negociación Colectiva, dando mayor valor a lo negociado por sobre lo legislado, aún si fueran condiciones laborales inferiores. Lo que puede ser objeto de negociación es un amplio conjunto de condiciones laborales, salvo los derechos consagrados en el Artículo 7° de la Constitución, por fuera de ello, todo puede ser objeto de la negociación directa con los empleadores, asegurando la preeminencia de estos acuerdos específicos por sobre la legislación vigente.

La reforma viola la normativa derivada de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los cuales Brasil es signatario, convenios que establecen como norma general, que toda reforma laboral debe apuntar a proporcionar condiciones de trabajo y salariales más favorables que las previstas por ley vigente, y no al revés.

La reforma afecta gravemente la protección de los sectores más vulnerables, así en el caso del trabajador rural, al que define como toda persona física que, en propiedad rural o edificio rústico, presta servicios de naturaleza no eventual a empleador rural o agroindustrial, bajo dependencia y subordinación a este y mediante salario o “remuneración de cualquier especie”. En la práctica, el dueño de la tierra no tendrá que remunerar al trabajador del campo con salario. El propietario podrá, por ejemplo, descontar de la paga del trabajador los servicios o bienes brindados en el lugar de trabajo, por ejemplo la cuenta en los almacenes del propietario. De esta manera, el salario podrá volver a ser acaparado por el patrón. De la misma manera, siendo el propietario rural dueño de las tierras podrá, según la reforma laboral, cobrar por adelantado la vivienda o el transporte de los trabajadores.

Las mujeres son particularmente castigadas por la reforma. En casos de embarazo o lactancia, serán trasladadas solo en casos de puestos con insalubridad máxima, como frigoríficos y áreas hospitalarias sujetas a infección. En casos de insalubridad mediana o mínima, los casos deberán ser evaluados por un médico, que puede ser de la propia empresa.

Finalmente admite la contratación del “trabajador autónomo“, alejando la categoría de empleado dependiente y subordinado en lo formal, incluso cuando sea contratado con exclusividad y de forma continua. Básicamente legaliza el fraude laboral dándoles a los patrones la posibilidad de establecer relaciones de empleo sin ninguna protección legal o derechos. El relato del “emprendedorismo” persigue ocultar esta trampa, tendiente a llevar al límite, la precarización del empleo.

Impuestos sus designios en las dos principales economías de la región (en México con la reforma flexibilizadora que sancionó Felipe Calderón en 2012 y la actual en Brasil), el régimen neoliberal argentino, envalentonado con un resultado electoral agrandado en su real dimensión por la hegemonía mediática adicta y por el éxito del embate neoliberal a nivel regional, amenaza con extender la derogación de los derechos laborales a nuestro país, luego de las elecciones de octubre. El odio de clase, la estigmatización de los trabajadores y la revancha social que sustentan al relato del régimen, apuntan a generar consenso social, en favor de la reforma laboral regresiva y esclavista en ciernes.

A diferencia de estos dos países, el peronismo en Argentina ha impuesto una conciencia de derechos en la clase trabajadora y una fortaleza en sus organizaciones sindicales, que prácticamente no tiene parangón a nivel regional; asimismo el poder económico de los gremios no solo se sustenta en la cotización sindical, sino además y fundamentalmente, en el manejo de las obras sociales médicas.

En el escenario descripto es necesario conformar un gran Frente Nacional que aglutine a todos los sectores populares afectados, que cuente con la densidad política suficiente como para resistir y enfrentar a un modelo de hambre y sometimiento del pueblo y entrega de la Nación.

Marcelo Treggiari