Una aproximación jurídica y política a la problemática de los pueblos originarios argentinos

“…Y en tal llamado está incluido el indio; el indio que fue el primer proletario de América y la primera víctima del imperialismo extranjero; el indio que de hoy en adelante es un argentino más, con iguales obligaciones y derechos. Así lo establece el 2° Plan Quinquenal en el capítulo relativo a la Organización del Pueblo…”.

- Juan Domingo Perón.

“Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poderlo remediar…no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen…”.

- Domingo Faustino Sarmiento.

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El trágico “caso Maldonado”, trajo a la palestra la cuestión de las poblaciones originarias, ya que, con la finalidad de mancillar a las víctimas y diluir la responsabilidad de la Gendarmería y el gobierno, por las consecuencias de una represión ilegal, desproporcionada y excedida de la orden judicial, aplicada a una comunidad Mapuche, la hegemonía mediática y voceros gubernamentales, han manifestado inexactitudes y falsedades que merecen su contestación.

En primer lugar abordo el asunto de la legitimidad de las ocupaciones territoriales indígenas; la misma ha sido consagrada por la Constitución, cuyo art. 75 inc. 17, impone al Congreso la obligación, de “…RECONOCER LA PERSONERÍA JURÍDICA DE SUS COMUNIDADES, Y LA POSESIÓN Y PROPIEDAD COMUNITARIA DE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN; Y REGULAR LA ENTREGA DE OTRAS APTAS PARA EL DESARROLLO HUMANO…”.

Tal derecho territorial reconocido a las comunidades indígenas, se condice con lo preceptuado por el Convenio 169 de la OIT, ratificado por ley 24.071, -que goza de jerarquía superior a la de las leyes, conforme lo dispone el art. 75 inc. 22 de la Constitución-, Convenio cuyo art. 16 prohíbe el traslado de los pueblos originarios de los territorios que ocupan.

En consonancia el nuevo Código Civil y Comercial, en su art. 18, ordena que: “Las Comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el art. 75 inciso 17 de la Constitución Nacional”.

Asimismo la ley 26.160 declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad comunitaria de la tierra indígena”, disponiendo la suspensión de los desalojos por un plazo de emergencia que ha recibido ya dos prórrogas, y la realización de un relevamiento técnico-jurídico y catastral, de la situación dominial de los asentamientos indígenas, que el decreto 1.122/07 puso en cabeza del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Existen en Argentina 1.532 comunidades identificadas que aglutinan a más de 900.000 personas, habiéndose llegado a relevar hasta el momento, al 49% de las comunidades censadas.

Como el último aplazamiento caduca el próximo 23 de noviembre, se halla en discusión en el Congreso, la sanción de una nueva prórroga de la ley, aunque a mi juicio, aun cuando no se difiriera la suspensión de los desalojos, los mismos, aun los dispuestos por orden judicial,  serian violatorios de los derechos territoriales que la Constitución y los Tratados Internacionales otorgan a nuestras comunidades originarias.

Con apoyatura en la normativa referida, la Corte Suprema ha determinado que el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de los asentamientos territoriales indígenas, prevalece sobre el derecho de propiedad privada, en tal inteligencia en un fallo de noviembre de 2015, la Corte revocó una decisión del Superior Tribunal de Justicia de Rio Negro, que había ordenado el desalojo de la comunidad Mapuche/Tehuelche “Las Huaytekas”, en un paraje ubicado a 30 kilómetros de la localidad de El Bolsón, evitando así, el desahucio que había solicitado un abogado, sindicado como testaferro del magnate Joseph Lewis, quien invocó derechos derivados de la adquisición de las tierras, supuestamente efectuada, diez años antes de que la comunidad se instalara en el lugar.

La Corte sostuvo que, a efectos de evitar nuevos despojos contra las comunidades originarias, debe aplicarse la ley 26.160 con el objeto de “garantizar y respetar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas”, considerando que el Estado Argentino debe cumplir con la manda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual: “hasta tanto se concrete la delimitación y titulación de las tierras indígenas, los Estados deben abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la comunidad indígena”.

De todo lo expuesto se desprende que las comunidades originarias, lejos de ser “intrusas ilegales”, deben ser protegidas en sus derechos territoriales ancestrales, reconocidos por la Constitución. Corresponde al Estado, conciliar tales derechos con los de la propiedad privada; derechos ambos que no siendo absolutos, deben ejercerse con los límites y restricciones que imponen las leyes, la Constitución y los tratados internacionales.

La mentalidad neo colonial que inspira a la actual restauración neoliberal, al núcleo duro de poder que la sostiene, y a gran parte de su base electoral, se escandaliza por la posesión de tierras por parte de nuestras comunidades originarias, tolerando (hasta el beneplácito) al mismo tiempo, la proliferación de la apropiación de nuestras tierras por parte de magnates y multinacionales extranjeras, a punto tal que, mediante decreto 820/2016, alterando la letra y espíritu de la ley 26.737, de límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, se permitió la adquisición de nuestras tierras por parte de sociedades con hasta un 50% de capital extranjero, cuando el límite legal era del 25%.

La segunda cuestión atañe al enfrentamiento cultural y al respeto que merecen los pueblos originarios, de sus costumbres, tradiciones, idiomas, creencias religiosas y estilo de vida, a menudo rechazados por las poblaciones “blancas” con las que conviven, que suelen señalarlos como “vagos” u obstáculos para el progreso.

IMG_1979Vale aclarar que las comunidades originarias no pretenden disputar soberanía territorial, ni política con el Estado Argentino, las alegaciones acerca de supuestos planes de secesión, o confabulaciones estrafalarias con terceros países, o absurdas alianzas con grupos catalogados como terroristas, responden al terreno de la fantasía, de la ignorancia y en algunos casos de la mala fe; cuando los pueblos originarios hablan de su “nación”, se refieren a su identidad étnica y cultural, pero no se manifiestan en términos jurídicos y políticos a los “estados – nación” tal como los conocemos; lo que plantean las comunidades es la conservación de su estilo de vida, y el reconocimiento de la existencia de un Estado multiétnico y pluricultural, sin menoscabo nuestra soberanía.

El art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional impone al Congreso la obligación de: “RECONOCER LA PREEXISTENCIA ÉTNICA Y CULTURAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ARGENTINOS. GARANTIZAR EL RESPETO A SU IDENTIDAD Y EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN BILINGÜE E INTERCULTURAL…”; en el mismo sentido, el Convenio 169 de la OIT impone a los Estados la obligación de reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos originarios.

No basta con declamar la tolerancia, si no se la pone en práctica, así como se admite que, quien profesa la religión musulmana utilice el chador, o el kipá el de religión judía, el mismo respeto merecen la vincha y el poncho para el que cultiva la idiosincrasia de sus ancestros originarios; el gobierno, lejos de continuar con las actitudes y propaganda denigrantes de nuestros pueblos indígenas, debería adoptar una conducta proactiva en favor del respeto y la integración de sus poblaciones y culturas.

En su ámbito de reserva y en tanto no afecten al orden público, ni contradigan al ordenamiento jurídico del Estado Nacional, se deben reconocer las pautas culturales, religiosas, formas productivas y de subsistencia, de los pueblos originarios, de las que más tenemos para aprender, que para menospreciar, en especial en lo referido al respeto que profesan por la preservación de su hábitat natural.

La Comunidad Organizada, en una sociedad multirracial, como lo es la nuestra, debe integrar y no someter a las minorías vulnerables, nuestra praxis política debe dirigirse a que en esta cuestión, la idea plasmada por Perón en el 2° Plan Quinquenal, prevalezca por sobre la mentalidad sarmientina, que anida en un sector de nuestra sociedad y de la dirigencia que supimos conseguir.

Finalizo con una pregunta: ¿dónde esta Santiago Maldonado?

Marcelo Treggiari.