NO ES JUSTICIA, ES VENGANZA.

Mediante una causa armada a partir de una “prueba” ilegítima y un relato inverosímil, propio de la pluma de algún servicio de inteligencia, seleccionando al “juez” amigo, en clara violación a la garantía del juez natural, que prevé el artículo 18 de nuestra Constitución, se ha profundizado la maliciosa cacería, que ha desatado la restauración neocolonial, contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner.
Siguiendo puntillosamente las directivas de Lawfare (guerra legal), que enseñan los manuales de la inteligencia norteamericana, se utiliza al aparato judicial, colonizado en sus resortes estratégicos (Consejo de la Magistratura, Corte Suprema, Primera y Segunda Instancias en lo Penal Federal, Casación Federal, etc.), mediante técnicas non sanctas (juicios políticos armados contra jueces no sumisos, manipulación de los concursos y designaciones, apartamiento de consejeros mediante excusas ilegítimas, entre las principales maniobras), para el acoso judicial contra la ex Presidenta, que a su vez se enmarca en el contexto regional, de hostigamiento y proscripción, ejercidos contra los líderes populares de nuestra Región, buscando su escarnio y “castigo” ejemplificador, a efectos de que nadie vuelva a cometer la osadía de atrevérseles a los poderes foráneos y a sus lacayos locales, que someten a nuestros pueblos a la pobreza, la exclusión, la resignación y la quiebra de su autoestima.
La vil condena contra Lula sin pruebas en Brasil, la persecución judicial contra Correa, los golpes parlamentarios contra Dilma y Lugo, entre otros episodios, ponen en evidencia una estrategia orquestada desde los centros de poder real, que no toleran la independencia de la Patria Grande, ni la realización de sus pueblos.
En ese marco la causa denominada de “los cuadernos”, cumple a rajatabla con las instrucciones de la guerra jurídica: previa estigmatización de la ex Presidenta, mediante una brutal campaña de noticias falsas o tergiversadas en el mejor de los casos, montada por la hegemonía mediática y replicada en las redes con apoyo del apartado estatal, y la referida cooptación del aparato judicial, se inicia una causa con la falsa apariencia de legalidad, que oculta un cúmulo de nulidades y violaciones flagrantes del derecho de defensa; así, con detenciones preventivas injustificadas y arbitrarias, se presiona moralmente a los presuntos imputados, antes de obtener pruebas reales y concretas, con la finalidad de “quebrarlos” y sacarles “confesiones” a cambio de libertad, con la certeza, para el que no se allana a tal extorsión, de que se lo sancionará con la prolongación indefinida de su injusto cautiverio.
Del lado empresario se apela a la figura del “arrepentido”, que no se arrepiente de nada, porque se coloca en el lugar de víctima, y no en el de partícipe del delito, desviando inclusive la figura penal del “cohecho” (coima), objeto de la investigación, a la de una supuesta financiación ilegal de la campaña política.
Por otra parte de lo que surge de las transcripciones periodísticas de las declaraciones, (que evidencian que el “secreto del sumario”, es otra falacia, que cede ante la operatoria el tándem mediático-judicial que manipula el expediente e inventa las “pruebas”), se advierte que las mismas se contradicen entre sí y con la fabulada versión de las fotocopias de los cuadernos.
En orden a sostener en el tiempo, el show mediático judicial, se insiste con pedidos de allanamientos, cuyo resultado negativo se conoce de antemano, pero que se enderezan a generar golpes de efecto, con imágenes que no hacen más que exacerbar el odio del sector de nuestra población obnubilado con el espectáculo que ofrecen las pantallas de sus televisores, computadoras y celulares; y hasta se llega al ridículo de ofrecer “recompensas” por datos para hallar la “ruta del dinero”, que hasta el momento, solo conduce a las off shore del elenco gobernante.
Mientras se persigue a la ex Presidenta, ya hay numerosos presos políticos, con condenas que no se hallan firmes, que han sido sentenciados por instancias inferiores, sin pruebas que sustenten sus privaciones de libertad, como ocurre con los paradigmáticos casos de los compañeros Amado Boudou y Milagro Sala, y de paso, se intenta ocultar la implementación de un plan de financiarización, reprimarización de la economía, transnacionalización de nuestros recursos estratégicos, precarización de los trabajadores y reducción de sus salarios, profundización de la exclusión social, desactivación de las políticas de Estado llevadas a cabo durante los doce años del gobierno nacional y popular, en materia de desendeudamiento, inversión en educación y salud públicas, en ciencia y tecnología, en inclusión y contención social de los más desprotegidos.
Detrás de la teatralización de esta parodia de juicio, se está llevando adelante un ajuste brutal que obliga al gobierno a acentuar su sesgo autoritario y represivo, festejando y alentando la ejecución por la espalda de jóvenes vulnerables, respondiendo con balas de goma y gases lacrimógenos a los reclamos obreros, acallando con persecución judicial, ahogo económico y trato discriminatorio, a los medios críticos y voces discordantes con el discurso único neocolonial.
Es tan obsceno el obrar del gobierno, que el Presidente se jacta en sus apariciones públicas, de ser él quien determina que juez es probo y cuál debe ser destituido, que medio de comunicación debe subsistir y cual debe llevarse a la quiebra, a que opositor se unge, para ser funcional al sistema, y a cual se encarcela o defenestra para satisfacer a los intereses que representa, haciendo alarde de su desprecio por la división de poderes.
Queda claro que se busca la proscripción de la compañera ex Presidenta y el vaciamiento ideológico del peronismo, con el evidente propósito de convertirlo en un partido de gerentes de relaciones públicas del poder financiero internacional, y de sus aliados locales, transformando a sus dirigentes en meros gestores de sus negocios, para poner al Estado al servicio de sus intereses antinacionales y antipopulares.
Es por las razones expuestas que rechazamos terminantemente la brutal persecución desencadenada contra la compañera ex Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y ratificamos nuestro apoyo incondicional, a su rol de conductora del Movimiento Peronista, en tanto columna vertebral del Movimiento Nacional, Popular y Democrático.

No es justicia, es venganza, revancha social y odio de clase.

FRENTE TECNICO Y PROFESIONAL DEL PERONISMO MILITANTE.