El verso de la “negociación por productividad”

El 13 de octubre de 1953 el Gobierno del General Perón promulgó la ley 14.250 de convenciones colectivas de trabajo. La convención colectiva solo puede establecer condiciones más favorables para los trabajadores, que los derechos y garantías, previstos en la legislación laboral general.

Las convenciones colectivas de trabajo son negociadas en paridad de condiciones, entre los sindicatos con personería gremial y las cámaras patronales representativas del sector, sin perjuicio de lo cual, sus normas son obligatorias para todos los trabajadores de la rama de actividad comprendida, independientemente de su afiliación o no al sindicato representativo, de modo tal que los contratos individuales de trabajo no pueden derogar o disponer de sus cláusulas (art. 7º de la norma) so pena de nulidad.

Desde 2003 hasta 2015, las paritarias fueron un instrumento decisivo en la recuperación de poder adquisitivo del salario real de los trabajadores formales, permitiendo a ese colectivo social, pactar incrementos salariales por encima de los índices inflacionarios, constituyendo un eje central en la política redistributiva del Movimiento Nacional y Popular.

La negociación colectiva tiene por finalidad morigerar la desigualdad intrínseca entre las partes contratantes que caracteriza a la relación de empleo, en la que el trabajador negocia en condiciones de inferioridad frente al dador de trabajo, si lo hace de manera individual, y busca de esa manera mejorar los estándares salariales y condiciones laborales de la parte más débil del vínculo laboral, en consecuencia se la considera uno de los pilares de la Comunidad Organizada, es por ello que el neoliberalismo, en tanto defensor del más extremo individualismo, constantemente trató de suprimirla o en su defecto, sabotearla.

En efecto, en cada etapa de restauración neoliberal de nuestra historia, las negociaciones paritarias fueron suspendidas o condicionadas, y muchas de las normas derivadas de tales negociaciones, incluidas en las convenciones colectivas, derogadas o inaplicadas de hecho, con el pretexto de reducir el denominado “costo laboral”, con la finalidad de restablecer la distribución regresiva del ingreso que caracteriza al modelo dependiente, agroexportador e insertado en la división global del trabajo, cuyo norte es la maximización de la tasa de ganancia del capital financiero y de las multinacionales, a costillas de los trabajadores y de los sectores populares en general.

A partir de la traición menemista, en los ´90 comenzó a tallar un subterfugio para suspender y/o derogar normas de protección laboral contenidas en las convenciones colectivas y, al mismo tiempo, impulsar la negociación salarial paritaria a la baja; se trató de la denominada “negociación por productividad”, ambigüedad por medio de la cual se abrió una de las puertas a la flexibilización y precarización laboral.

Como el Ministro de Trabajo de la actual restauración neoliberal, hijo de quien fuera dirigente sindical vandorista y ministro de esa misma cartera en la época de la felonía menemista, reflota la idea de “productividad” instalada en aquella época por su padre, para condicionar la futura negociación paritaria, vale analizar que se oculta detrás de la palabrita que, hasta podría lucir simpática o atractiva.

El primer problema se vincula con establecer a que “productividad” nos referimos como parámetro de las negociaciones paritarias, es decir qué nivel de producción se va a tomar como punto de partida: si la productividad media de la economía, la productividad sectorial, o la productividad a nivel de cada firma; esta cuestión no se aclara en las declaraciones de los funcionarios nacionales y nos induce a sospechar que la idea conducirá, tarde o temprano, a lo que el concepto neoliberal de “productividad” hace referencia, que es su determinación por empresa, lo que a su vez deriva en uno de los paradigmas de la flexibilización laboral: la atomización de la negociación paritaria que suprime de facto su carácter colectivo; fue así que en los 90 proliferaron los denominados “convenios por empresa”, lo que dio por resultado una creciente dispersión salarial, y la consagración de profundas asimetrías remunerativas no solo entre sectores productivos, sino además entre distintos segmentos de cada sector.

Otra dificultad radica en cuantificar la “productividad” en determinados sectores de servicios: ¿cómo medir por ejemplo la producción por puesto de trabajo en el sector educativo o en la salud pública?, normalmente la práctica remite a parámetros arbitrarios y discrecionales para establecer niveles de “producción” en estos servicios, establecidos unilateralmente por la patronal, obviamente en su beneficio.

Por otra parte el concepto de productividad conduce a injusticias sustanciales, ya que no depende del rendimiento del trabajador en sí, sino de una multiplicidad de factores ajenos a su voluntad, por ejemplo: a mayor grado inversión en maquinaria e innovación tecnológica que realice el empleador, mayor será la productividad del puesto de trabajo; del mismo modo, a mayor capacitación brindada por la empresa, también se incrementará la productividad del trabajador.

Otro aspecto a considerar es que bajo el eufemismo de “productividad” se disimula la idea de garantizar a las patronales determinados niveles de rentabilidad de las inversiones, de modo tal que, en esencia, tampoco será la “cantidad de producción” por puesto de trabajo, la variable determinante del salario, sino el mayor beneficio empresario, que depende no de una pauta objetiva vinculada con la productividad, sino de factores propios del alea del mercado, componentes por los que se asocia indirectamente al empleado al riesgo empresario cuando hay pérdidas (no así cuando hay ganancias extraordinarias, porque en la práctica, salvando excepciones, como las del convenio de trabajadores del neumático o más recientemente el de los bancarios, no se cumple con la participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa, que ordena el art. 14 bis de la Constitución Nacional).

Pongo un ejemplo: los trabajadores petroleros de Chubut son altamente eficientes en términos de producción, sin embargo de negociarse por productividad, de no subsidiarse adecuadamente la producción en las cuencas chubutenses y de estarse a las “reglas del mercado”, deberían, aceptar rebajas salariales – como ya lo han aceptado antes de las paritarias, admitiendo suspensiones rotativas y jubilaciones anticipadas -, para mantener los puestos de trabajo, no porque haya caído su productividad, sino por causa de una variable completamente ajena a la misma, como es la drástica caída del precio internacional del crudo.

Otra de las trampas que oculta la negociación por “productividad” consiste en la extorsión empresaria de “canjear” salarios por condiciones laborales: para ganar más el trabajador debería aceptar el fraccionamiento del pago del aguinaldo, o del otorgamiento de vacaciones, en la negociación colectiva, o la supresión fáctica de licencias legales en la negociación individual, o admitir la “polivalencia funcional” (que implica aceptar la prestación de tareas distintas y ajenas al puesto de trabajo y calificación profesional inherentes a su contratación) individual o colectivamente, es decir la imposición práctica, de formas clásicas de flexibilización laboral.

Esta aproximación, a grandes rasgos, a lo que se esconde tras el velo de la denominada “negociación por productividad”, debe analizarse en el contexto de la amenaza vertida por funcionarios del gobierno, para que los trabajadores acepten negociar salarios a la baja a cambio de mantener sus empleos, de la destrucción de empleo y salario luego de la brutal devaluación, con quita o reducción de derechos de exportación, en beneficio del complejo agroexportador, del despido persecutorio y discriminatorio de miles de empleados estatales, de la no publicación de estadísticas de inflación, de represión y criminalización de la protesta social, todo lo cual constituye un “combo” claramente dirigido transferir (recuperar) la porción de la renta nacional, que la oligarquía que se ha apropiado del poder formal, considera suya por “derecho natural”.

Marcelo Treggiari.